Apuestas, mundial, adolescencias y algoritmos: Una regulación urgente

Como era previsible el mundial nos inundó de fútbol y de publicidad de apuestas. En todas las pantallas aparecen empresas denominadas “legales”, es decir que tienen un permiso de alguna o algunas provincias. Primer problema: paso en el mundo y paso acá. El Bombeardeo de publicidad -hasta en los calendarios de partidos tienen el porcentaje de apuestas- lleva a los chicos a jugar en los sitios ilegales donde no hay controles.

---

por Juan Facundo Hernández

El Mundial volvió a mostrar con claridad un problema que ya estaba instalado: las apuestas online dejaron de ser una actividad marginal y pasaron a formar parte del paisaje cotidiano de adolescentes. Están en las transmisiones deportivas, en las redes sociales, en camisetas, placas de resultados, influencers, promociones y contenidos que mezclan entretenimiento, fútbol y dinero.

La distinción entre apuestas “legales” e “ilegales” es importante, pero no alcanza. Que una empresa tenga licencia en una provincia no significa que su publicidad sea inocua ni que el entorno donde circula sea adecuado para adolescentes. En Argentina, el juego online está regulado principalmente por las provincias. Pero los chicos no viven su vida digital dentro de fronteras provinciales: ven publicidades nacionales, consumen contenidos globales, comparten links, usan billeteras virtuales y se mueven en plataformas donde la diferencia entre lo legal, lo ilegal y lo promocional se vuelve cada vez más confusa.

Ese es uno de los puntos centrales: la publicidad de apuestas, incluso cuando proviene de operadores autorizados, normaliza una práctica prohibida para menores de 18 años. El mensaje que recibe un adolescente no es jurídico. No distingue licencias provinciales ni condiciones regulatorias. El mensaje es cultural: apostar parece parte del partido, de ser hincha, de mirar fútbol y de pertenecer.

Después, cuando ese adolescente no puede ingresar por los canales formales, busca otros caminos: sitios ilegales, cuentas prestadas, intermediarios, perfiles falsos o mecanismos informales sin controles reales de edad, identidad, dinero ni salud. Por eso perseguir solamente a las plataformas clandestinas es necesario, pero insuficiente. Si el Estado solo combate la ilegalidad y protege el negocio autorizado, el problema queda mal formulado: parecería que lo grave no es que los adolescentes apuesten, sino que lo hagan fuera del circuito que recauda.

Desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, la pregunta debe ser otra: ¿qué entorno digital y publicitario estamos construyendo alrededor de ellos?

La respuesta no puede quedar librada a la autorregulación empresaria ni a la responsabilidad individual de las familias. Las familias, las escuelas y los clubes tienen un rol, pero ningún hogar puede competir solo contra una arquitectura digital diseñada para captar atención, multiplicar estímulos y convertir cada evento deportivo en una oportunidad de apuesta. Cuando una práctica riesgosa aparece en todas las pantallas y se asocia a ídolos, pertenencia, éxito o diversión, estamos ante un problema de mercado, de diseño y de regulación.

En ese sentido, una regulación como el ECA Digital de Brasil resulta clave. No porque por sí sola resuelva el problema de las apuestas adolescentes, sino porque cambia el enfoque: deja de mirar únicamente la conducta del niño o de su familia y empieza a mirar la responsabilidad de quienes diseñan, distribuyen, recomiendan, publicitan y monetizan servicios digitales accesibles para niñas, niños y adolescentes.

El ECA Digital parte de una idea simple: si un servicio digital puede ser usado por chicos, debe tener obligaciones especiales de protección. Eso incluye reglas sobre verificación o estimación de edad, publicidad, protección de datos, supervisión parental, configuraciones por defecto y mitigación de riesgos. Aplicado al debate argentino, significa que no basta con decir “los menores no pueden apostar”. Hay que exigir que plataformas, redes sociales, buscadores, tiendas de aplicaciones, sistemas de pago, anunciantes e intermediarios adopten medidas efectivas para que esa prohibición sea real.

Una ley argentina de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales permitiría abordar esta dimensión estructural. Las apuestas online no llegan a los chicos solamente porque existe una página ilegal. Llegan por algoritmos que recomiendan contenido, publicidad segmentada, influencers que promocionan códigos, plataformas sin controles suficientes de edad, billeteras virtuales accesibles, bonos de bienvenida, notificaciones, transmisiones deportivas saturadas de marcas y ausencia de auditorías independientes.

Por eso este debate debe conectarse con la agenda más amplia de protección digital y con la nota que enviamos al Congreso más de 300 organizaciones, especialistas e instituciones. Allí planteamos una urgencia: la Argentina necesita una ley integral de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Grooming, violencia digital, discursos de odio, explotación comercial de datos, diseño adictivo, acceso a contenidos nocivos y apuestas online no son problemas aislados. Son expresiones de un mismo déficit regulatorio.

El caso de las apuestas muestra con especial claridad por qué esa ley es necesaria. Hoy el debate suele aparecer cuando el daño ya ocurrió: deudas, angustia, conflictos familiares, problemas escolares o consumo compulsivo. Pero una política pública seria debe prevenir. Y prevenir, en el entorno digital, significa reducir exposición, limitar incentivos, cortar circuitos de captación, prohibir diseños manipulativos, exigir controles reales de edad y establecer responsabilidades claras para todos los actores que obtienen beneficios económicos del sistema.

En 2024, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las ciberapuestas. Ese texto avanzaba sobre un punto central: no solo perseguía plataformas ilegales, sino que también regulaba publicidad, promoción, patrocinio y mecanismos de acceso. Sin embargo, el proyecto quedó frenado en el Senado. Esa parálisis no puede leerse únicamente como una demora técnica. Hubo oposición de sectores vinculados al negocio del juego y de gobiernos provinciales preocupados por la pérdida de recaudación que generan las apuestas autorizadas.

En estos días se conoció un proyecto vinculado del Poder Ejecutivo que aborda esta problemática en algunos aspectos importantes pero no suficientes: bloqueo de dominios y circuitos de pago a través de acciones encomendadas a distintos organismos (ENACOM, BCRA, CNV y SEDRONAR). 

Mientras la media sanción regulaba de manera integral, con herramientas específicas y anclado en la Ley de Salud Mental, el proyecto del Poder Ejecutivo sólo enfoca en el combate de los sitios ilegales, lo que resulta insuficiente para abordar la complejidad de la ciberludopatía como una crisis de salud pública. 

Ese es el núcleo político del problema. Las provincias tienen competencias sobre el juego y recaudan por esa actividad, pero cuando las apuestas online se convierten en un fenómeno nacional, digital y con impacto directo en adolescentes, la respuesta no puede quedar fragmentada. La salud, la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la publicidad digital, las plataformas, los sistemas de pago y la responsabilidad de intermediarios requieren un piso nacional común.

La discusión tampoco puede reducirse a una falsa alternativa entre “perseguir ilegales” o “prohibir todo”. El principio debería ser más claro: ninguna actividad prohibida para menores de edad debe publicitarse masivamente en los entornos donde niñas, niños y adolescentes viven, estudian, juegan, se informan y socializan.

Por eso la publicidad de apuestas debe recibir un tratamiento equivalente al tabaco y al alcohol. Durante décadas entendimos que ciertas actividades legales para adultos no pueden promocionarse libremente cuando afectan la salud pública y llegan a menores de edad. Con las apuestas online debe aplicarse el mismo criterio: publicidad mínima, estrictamente limitada, sin glamour deportivo, sin influencers, sin presencia en camisetas, sin bonos de bienvenida, sin promesas de éxito y sin exposición en plataformas utilizadas por adolescentes.

Si una actividad está prohibida para menores de edad, su publicidad no puede perseguirlos por todas las pantallas. Y si el Estado permite operadores legales para adultos, esos operadores deben aceptar restricciones severas de promoción. La licencia no puede convertirse en permiso para colonizar la cultura deportiva adolescente.

También hacen falta controles sobre sistemas de pago, billeteras virtuales, mecanismos de identidad e intermediarios. Muchos adolescentes no ingresan a una plataforma formal con sus propios datos. Lo hacen a través de caminos informales, cuentas prestadas o sistemas que eluden controles. Una regulación seria debe exigir verificaciones proporcionales, auditables, respetuosas de la privacidad y efectivas. La verificación de edad no puede ser una simple casilla que diga “soy mayor de 18”, pero tampoco una excusa para recolectar más datos personales sin garantías.

La agenda de protección digital permite ordenar todos estos desafíos. Una ley inspirada en los mejores estándares internacionales, como el ECA Digital de Brasil, debería incluir protección por diseño y por defecto, evaluación de impacto sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, límites al perfilamiento publicitario, prohibición de publicidad comportamental dirigida a menores, verificación de edad adecuada al riesgo, auditorías independientes, canales de denuncia accesibles, sanciones efectivas y una autoridad de aplicación con capacidad real de control.

El Mundial va a pasar. La publicidad quedará. Los algoritmos seguirán recomendando. Los operadores seguirán compitiendo por atención. Las plataformas seguirán monetizando el tiempo de uso. Por eso la respuesta no puede ser coyuntural.

La Argentina ya tiene diagnósticos, proyectos, evidencia, organizaciones movilizadas y familias preocupadas. Lo que falta es decisión política. La nota enviada por más de 300 organizaciones al Congreso marcó un camino: la protección digital de la infancia no puede seguir esperando.

No se trata de estar en contra del fútbol ni de negar que existan actividades legales para adultos. Se trata de algo más básico: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en entornos digitales que no los conviertan en objetivo comercial de industrias de riesgo.

La publicidad de apuestas debe reducirse al mínimo. Las plataformas deben ser responsables. Los controles deben ser reales. Las provincias no pueden anteponer la recaudación a la salud y los derechos de los chicos. Y el Congreso debe avanzar en una regulación integral con estándares nacionales.

Porque cuando una pantalla convierte cada partido en una invitación a apostar, ya no estamos hablando solo de entretenimiento. Estamos hablando de protección de derechos.