Ley Mica Ortega
La Ley 27.590 “Mica Ortega” fue sancionada en noviembre de 2020, creando el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes.
Fue reglamentada mediante el Decreto 407/2022, que estableció al Ministerio de Desarrollo Social (a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) como autoridad de aplicación y creó un Observatorio nacional encargado de monitorear el cumplimiento legal y elaborar informes anuales.
Este programa incluye campañas de concientización pública, capacitaciones escolares, herramientas para denunciar casos de grooming, y seguimiento desde el Observatorio Nacional. Se desconoce aún un informe público reciente del Observatorio sobre su desempeño, aunque existe mandato legal para emitir reportes anuales.
La ley está vigente a nivel nacional desde 2020 y tiene reglamentación desde julio de 2022. El Observatorio Nacional existe formalmente, aunque no parecen haberse publicado recientemente los informes de cumplimiento.
Faltan datos sobre el alcance real de las implementaciones: ¿cuántas escuelas ya recibieron capacitación, cuántas denuncias se registran?
Ausencia de informes públicos recientes del Observatorio Nacional, que deberían evaluar avances y brechas.
Desigualdad entre jurisdicciones: la implementación es más visible en algunas provincias que en otras.
Tanto para la implementación de esta ley como de otras protecciones necesarias en entornos digitales es imprescindible la existencia de fiscalías y protocolos especializados en delitos informáticos y en niñez y adolescencia.
Fiscalías especializadas y abordaje generalista en Argentina
Algunas conclusiones:
Sólo unas 8 jurisdicciones tienen fiscalías especializadas en
grooming o ciberdelitos.
La mayoría de las provincias derivan casos a fiscalías penales
comunes, lo que limita la capacidad investigativa, la especialización
técnica y el acompañamiento a víctimas.
Esto genera inequidad territorial en el acceso a la justicia para
niñas, niños y adolescentes víctimas de grooming.
Donde existen fiscalías especializadas, la articulación con áreas de niñez, educación y seguridad es más efectiva.
Donde no existen, se evidencian demoras, confusión en la derivación y falta de seguimiento integral de los casos de grooming.
Conclusiones
La Ley Mica Ortega ya está legalmente activa y reglamentada a nivel nacional. Hoy, con cinco años desde su puesta en vigencia, falta mucho.
Adhesiones
Se han dado pasos concretos con adhesiones provinciales y municipales que implementan programas locales de prevención y concientización.
Especialización
Aún falta mucho para contar con fiscalías especializadas en estos temas a nivel federal. Si bien existen muchas provincias que avanzaron, existen vacancias.
Evaluación
La evaluación de su impacto real aún es limitado por la falta de datos cuantitativos actualizados y la ausencia de reportes del Observatorio Nacional.
Articulación
El despliegue efectivo continúa dependiendo de cada jurisdicción y del compromiso institucional en cada territorio.