La protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales requiere acciones concretas del Estado, en articulación con actores clave: el sector privado, las familias, la academia, las organizaciones sociales y, por supuesto, los propios chicos y chicas.

 

En esta sección presentamos políticas públicas que Argentina logró sancionar o poner en marcha, pero que han perdido centralidad o impulso con el tiempo.

 

Son políticas que contaron con un enorme consenso —en muchos casos, aprobadas por unanimidad en el Congreso—, pero que quedaron relegadas por los cambios permanentes en la agenda pública.

 

Nuestro objetivo: identificar y analizar esas políticas, subrayando cuáles deberían ser parte de un Pacto Digital por la Infancia en Argentina