Antes de las leyes: los pactos y acuerdos que abrieron el camino para proteger a chicas y chicos en entornos digitales

Las regulaciones para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en redes sociales y otras plataformas no aparecen de un día para el otro. En los países que hoy avanzan —o están discutiendo— marcos eficaces con perspectiva de derechos, el punto de partida suele ser el mismo: procesos de diagnóstico, debate público y construcción de consensos. En esas conversaciones, una idea se repite: el interés superior del niño debe prevalecer por sobre modelos de negocio basados en maximizar tiempo y atención a las  pantallas.

Un antecedente común en este giro es el Pacto del Futuro (Naciones Unidas), que empuja una agenda de transparencia y rendición de cuentas para empresas tecnológicas y plataformas: claridad en condiciones de servicio, moderación de contenidos, algoritmos de recomendación, verificación de edad, evitar perfilamiento de publicidad y tratamiento de datos personales, entre otras regulaciones relevantes.

A partir de ese “piso” internacional, distintas regiones y países recorrieron caminos propios. Acá contamos cómo se fueron armando esos acuerdos —y qué pidieron— en Brasil, España, Reino Unido y África.

Brasil: del diagnóstico y los lineamientos a la sanción del “ECA Digital”

En Brasil, el proceso previo a la ley conocida como ECA Digital (actualización del Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de 1990) se apoyó en una convicción: el marco histórico de protección de la niñez necesitaba ponerse al día frente a redes sociales, juegos, plataformas y nuevas formas de captación y exposición.

El debate no partió de cero. Se construyó sobre “puentes” normativos ya existentes, como el Marco Civil da Internet y normas contra el ciberacoso, que el ECA Digital busca complementar para unificar y reforzar la protección online. En paralelo, el sistema de protección de niñez tuvo un rol clave: el CONANDA (Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente) trabajó el tema antes de la sanción y emitió lineamientos y resoluciones sobre derechos en el ambiente digital (2024), aportando criterios comunes para el Estado, familias, y el sector privado.

En el plano legislativo, el impulso se organizó alrededor del proyecto PL 2628/2022 (Senado), que atravesó audiencias públicas y negociación técnica en comisiones durante 2024. Ya en 2025, la articulación política e intersectorial se consolidó con instancias de coordinación estatal, hasta llegar al acuerdo bicameral y la aprobación final. La sanción cerró el proceso con un desafío central: cómo se implementa (qué autoridades controlan, cómo se supervisa y cómo se exige cumplimiento efectivo).

España: “Pacto de Estado” y seguridad por diseño

En España, el documento “Medidas de consenso para un Pacto de Estado… Protegiendo a la infancia y la adolescencia en el entorno digital” (Madrid, 9/6/2023) expresa un consenso claro de sociedad civil y actores relevantes: el foco debe estar en prevenir daños desde el diseño. Lo suscriben organizaciones como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Save the Children, Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), iCmedia y AETD (Asociación Española de Transformación Digital).

El documento solicita medidas concretas: auditorías independientes de algoritmos, obligaciones de rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional de los organismos de control (AEPD: Agencia Española de Protección de Datos; CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad), y verificación de edad con enfoque “no invasivo”. También propone coordinación con el la ley DSA (Digital Services Act, Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea), reforzando la idea de que la protección infantil requiere reglas claras para plataformas y servicios digitales, no solo recomendaciones.

Fue el puntapié del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales está actualmente en el Congreso, en la Comisión de Justicia, en fase de “Informe” (tramitación urgente).

Reino Unido: coalición de infancia y exigencias a Ofcom para que la ley “funcione”

En Reino Unido, el Online Safety Act 2023 (Ley de Seguridad en Línea) abrió un nuevo escenario regulatorio, pero para impulsar una mejor aplicaciòn de esta ley en julio de 2024, una amplia Coalición “Children’s Coalition for Online Safety” publicó una declaración dirigida a Ofcom (Office of Communications) el organismo regulador británico.

La coalición pide, especialmente: (1) que las leyes cubran todos los riesgos relevantes, (2) priorizar medidas proactivas y preventivas de seguridad por diseño, y (3) asegurar el cumplimiento efectivo de edades mínimas y experiencias apropiadas por edad. En síntesis: no alcanza con reaccionar ante daños; hay que evitarlos y hacer exigible el estándar de protección previsto en la ley.

África: derechos de infancia frente a la Inteligencia Artificial

En 2025, organizaciones de derechos de infancia y digitales presentaron un “Joint Input” ante la ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights / Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre IA (Inteligencia Artificial) y derechos. Entre las firmantes hay redes y organizaciones como 5Rights Foundation, ChildFund International, Child Online Africa, Media Monitoring Africa (MMA), Paradigm Initiative, Nelson Mandela Children’s Fund, Save the Children Rwanda y Terre des Hommes Netherlands, entre otras.

El pedido apunta a que la regulación de IA se ancle explícitamente en la Convención sobre los Derechos del Niño) y la ACRWC (Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño). ¿Qué solicitan? Privacidad y seguridad por diseño y por defecto, debida diligencia, evaluaciones de impacto en derechos de la niñez obligatorias, supervisión independiente, y límites claros al uso comercial: prohibición del perfilado comercial y minimización de datos. 

Lo que muestran estos procesos

Brasil, España, Reino Unido y África coinciden en algo fundamental: las mejores respuestas no nacen de atajos, sino de acuerdos construidos con evidencia, enfoque de derechos y responsabilidades claras para plataformas y Estados. La discusión se está moviendo del “qué deberían hacer las familias” hacia el “qué deben hacer los estados y las empresas”: diseño apropiado por edad, transparencia algorítmica, protección de datos y verificación/aseguramiento de edad respetuosa de derechos.