De la línea al algoritmo: hacia una protección digital real para niñas, niños y adolescentes en Argentina

La reciente implementación de un nuevo canal digital de atención de la Línea 102 anunciado por el Ministerio de Capital Humano representa un avance en materia de acceso a la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en Argentina. El canal, que permite la atención vía WhatsApp, amplía las posibilidades de comunicación en tiempo real y ofrece una vía para realizar consultas o denuncias frente a situaciones de vulneración de derechos a nivel nacional.

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Esta actualización es, sin dudas, una respuesta a uno de los principales desafíos que emergieron durante la pandemia: la desconexión entre los canales institucionales tradicionales y los entornos digitales donde la infancia y la adolescencia efectivamente habitan. Según datos de UNICEF, casi la totalidad de los adolescentes entre 13 y 17 años en América Latina utilizan redes sociales como principal espacio de interacción, y gran parte de las situaciones de riesgo —acoso, grooming, exposición a contenidos dañinos o explotación— comienzan o se desarrollan dentro de esas plataformas.

Aunque el anuncio oficial representa un avance institucional relevante, aún estamos lejos de contar con una estrategia integral que permita que la Línea 102 “entre” efectivamente a los entornos digitales donde niñas, niños y adolescentes se comunican, juegan y construyen vínculos.

Lo que la ley prevé: una política pública en pausa

La Ley 27.576, sancionada en 2020, introdujo modificaciones clave a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), incorporando por primera vez la obligación de crear interfaces digitales de fácil acceso y gratuitas destinadas a brindar información, asesoramiento y canales de denuncia frente a violencias y vulneraciones de derechos.

El Congreso fue claro: el Estado debía garantizar no sólo la existencia de una línea telefónica, sino también su adaptación al mundo digital. Las plataformas y las tecnologías debían convertirse en aliadas de la protección, y no en barreras.

Cinco años después, la implementación avanza de manera desigual. Apenas algunas provincias cuentan con canales de WhatsApp activos, mientras que no existen todavía mecanismos de reporte o acompañamiento dentro de las redes sociales, videojuegos o espacios de mensajería que los niños efectivamente utilizan.

El desafío, entonces, no es únicamente tecnológico: es de política pública, coordinación institucional y diseño con enfoque de derechos.

Donde están los chicos: redes, juegos y plataformas sin protección

Los niños y adolescentes hoy transitan un ecosistema digital complejo y, en muchos casos, hostil. Plataformas como Discord, TikTok, Instagram, Roblox o Fortnite no son simples espacios de entretenimiento: son entornos sociales donde se construye identidad, se explora autonomía y también se experimentan riesgos.

En relación a esto diversos estudios del NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) y del programa Better Internet for Kids de la Unión Europea, coinciden en señalar tres problemas centrales:

• Ausencia de mecanismos adaptados a la infancia para denunciar o pedir ayuda dentro de las plataformas.
  

• Algoritmos que amplifican la exposición a contenido dañino (violento, sexualizado o autodestructivo).
  

• Complejidad de las configuraciones de privacidad, que impide que los usuarios más jóvenes comprendan realmente cómo proteger su información.
  

En este sentido, la Línea 102 todavía no dialoga con el entorno digital contemporáneo. Las niñas y los niños no levantan un teléfono para pedir ayuda; interactúan por mensajes directos, chats de juegos, comentarios o reacciones. Si el Estado quiere protegerlos, debe hacerlo donde ellos ya están.

De la respuesta reactiva a la prevención inteligente

Organizaciones como 5Rights Foundation y la propia ONU en su Hoja de Ruta para la Cooperación Digital, sostienen que la protección en línea no debe limitarse a la respuesta o al control, sino que debe integrarse a la arquitectura misma del entorno digital.

Esto significa diseñar ecosistemas que incorporen la protección por diseño (safety by design), la privacidad por defecto y la responsabilidad algorítmica. La Línea 102, en este marco, podría transformarse en mucho más que un canal de atención: en un mecanismo inteligente y multicanal de acompañamiento, prevención y respuesta, integrado a los espacios donde la infancia navega.

Ejemplos internacionales ofrecen aprendizajes concretos:

• En el Reino Unido, el Children’s Code obliga a las plataformas a diseñar experiencias seguras para menores de 18 años. Esta iniciativa se replica en Estados Unidos y otros países de Unión Europea y la Unión Africana.
  

• En Australia, el eSafety Commissioner trabaja junto a redes sociales y desarrolladores de juegos para incorporar botones de reporte directo a organismos de protección.
  

• En la Unión Europea, la Digital Services Act exige que los servicios digitales implementen procesos claros para denunciar contenidos y abusos que involucren a menores de 18 años. Posteriormente, la iniciativa Better Internet for Kids (BIK+) sale a reforzar estos principios establecidos antes.
  

Argentina podría y debería avanzar en esa dirección: integrar la Línea 102 a los canales digitales más utilizados, asegurando que los reportes o alertas generadas en redes o juegos sean redirigidas automáticamente a los equipos de atención locales.

La creación de nuevos canales digitales para la Línea 102 es un paso en la dirección correcta, pero todavía no alcanza. Mientras el Estado no logre entrar al mundo digital con el mismo dinamismo con el que lo hacen las plataformas y los algoritmos, la protección seguirá siendo parcial. Proteger a la infancia digital no es solo responder a las violencias: es anticiparlas, diseñar entornos seguros, y asegurar que la tecnología sirva al bienestar, no a la vulnerabilidad. Porque la verdadera línea de protección ya no es un número: es el algoritmo que elegimos construir.